Las autoridades registran su domicilio y requisan una máquina de contar dinero y dos teléfonos móviles
MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Justicia de Argentina ha decretado que el exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, no podrá abandonar el país en medio de una investigación por el cobro de sobornos, tras su cese este jueves por la aparición de varios audios que le incriminarían en una trama de corrupción.
La misma medida ha sido establecida contra empresarios y otros cargos públicos también envueltos en un escándalo en el que supuestamente existiría un entramado de "cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos", tal y como reza la demanda interpuesta por el abogado Gregorio Dalbón, representante de la expresidenta Cristina Fernández en causas anteriores.
Igualmente, las autoridades judiciales han registrado la casa de Spagnuolo, así como otras dependencias personales y públicas --en total 15 registros-- y han requisado al ex alto cargo dos teléfonos móviles, billetes, una máquina para contar dinero y documentos, según informa el diario argentino 'La Nación'.
El operativo policial se mantiene activo con el objetivo de interceptar aparatos y documentos que permitan avanzar con la investigación y esclarecer los hechos.
El escrito de la denuncia señala, además de a Spagnuolo, a los hermanos Milei; al asesor de Karina, Eduardo 'Lule' Menem, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker. Los denunciados habrían cometido "delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública".
La denuncia se basa en unos audios filtrados en la tarde de este miércoles por el canal de streaming Carnaval y recogidos posteriormente por medios locales como 'Clarín', en los que Spagnuolo admite la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que involucra al jefe del Estado, a su hermana y los otros tres acusados. "De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8 por ciento, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", afirmaba el titular de la Agencia de Discapacidad.