Imagen de archivo de protestas en Bolivia - Radoslaw Czajkowski/dpa
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de La Paz (Bolivia) ha dejado sin efecto las órdenes de detención que pesaban sobre dos líderes de las protestas que están acorralando desde hace semanas al presidente del país, Rodrigo Paz, sin que exista por ahora diálogo a la vista.
La anulación de las órdenes de detención contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, era una condición inapelable para regresar a la mesa de negociaciones, tal y como admitió este pasado viernes el vicepresidente del país, Edmand Lara, y recoge el medio UNITEL.
Más tarde, el portavoz presidencial, José Luis Galvez, ha pedido que se levanten los bloqueos de carreteras --93 según las últimas estimaciones-- en cuanto se abra formalmente el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, principalmente la COB y Tupac Katari. "No hay por qué seguir castigando a la población en las condiciones en las que hoy se lo esta haciendo", ha declarado Gálvez a radio El Deber.
Después de que sectores de la COB anunciaran este viernes que no tenían la más mínima intención de sentarse a dialogar (y, es más llamaron a masificar los bloqueos actuales), Argollo, en un video difundido en redes sociales, ha dejado en manos de las bases su participación en las conversaciones.
"Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria", ha manifestado.
Las perspectivas de negociación pasaban por la convocatoria del "ampliado" de la COB para este mismo sábado, que finalmente fue suspendido por dificultades como la presencia de personas que no representarían a las organizaciones convocadas. "Hay mucha gente que no es representante que quiere entrar", ha explicado el exdirigente de la COB Jaime Solares, citado por el diario 'La Razón'.
LOS "CÍVICOS" EXIGEN ACTUAR AL GOBIERNO
Por contra, desde el sector "cívico" han criticado el levantamiento de la órdenes de detención. "El Gobierno insiste en un diálogo con los que han destruido el país, con los que han asesinado a bolivianos, los que han permitido que las personas mueran, con aquellos que no han permitido que pase oxígeno, medicamentos y tampoco alimentos", ha reprochado el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.
El dirigente "cívico" ha subrayado que el Gobierno "tiene todas las facultades para poder actuar conforme ley y hasta ahora lo hace". Ya son 30 días en los que el Gobierno ha dejado, en palabras textuales, que "algunos cuantos delincuentes destruyan en desmedro de millones de bolivianos que lo que buscamos es salir adelante", ha planteado.
"Ya no hay pretexto para no negociar. La COB y las federaciones campesinas deben hacerlo por el bien del país y para encontrar una salida para sus propios afiliados", ha planteado por su parte el líder de la alianza opositora Unidad, Samuel Doria Medina.
En un esfuerzo para salvar la crisis, Paz anunció el lunes que reducirá a la mitad su salario, así como el de los miembros de su Gabinete, en medio de la oleada de bloqueos de carreteras, fruto de las movilizaciones de indígenas, campesinos y sindicalistas que han pedido su dimisión por la crisis económica, unas protestas que han dejado ya cuatro muertos y más de un centenar de detenidos.
Las movilizaciones, que ya cumplen cuatro semanas, han dificultado el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia La Paz y la vecina ciudad de El Alto. Una situación que el Ejecutivo intenta sortear mediante la apertura de canales de negociación con los sectores movilizados, mientras las fuerzas de seguridad continúan actuando para despejar algunas vías, recurriendo en determinados casos al uso de gases lacrimógenos.
El Ejecutivo ha rechazado que las recientes modificaciones en su seno ante el descontento popular respondan a una crisis interna y ha defendido que se trata de una reorganización puntual decidida por el presidente.