Archivo - Maricarmen celebra el aplazamiento del desahucio, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). Maricarmen, de 87 años y un 50% de minusvalía, lleva viviendo allí casi setenta años, desde que en 1956 su familia firmó un contrato de renta antigua. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han convocado un acto de apoyo a la mujer de corte festivo y cultural desde las 20 horas de este martes y se llama a acampar durante la noche frente a su vivienda, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, para tratar de evitar el desahucio.
El lanzamiento está previsto a partir de las 7.30 horas del miércoles y contra el mismo no cabe recurso judicial, por lo que sería definitivo. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid.
El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen, subrogándose en las mismas condiciones --una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI-- durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".
La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.
La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 250%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.
Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia con un coste que es "una barbaridad y no cubre las necesidades de Maricarmen".
La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.