Archivo - Un militar del Ejército de Colombia (archivo) - EJÉRCITO DE COLOMBIA - Archivo
MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
En los 100 primeros días de gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella se han contabilizado 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz y 26 masacres durante, según el balance presentado por la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
"Los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella dejan un panorama preocupante en materia de derechos humanos y conflicto armado. Los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz, las masacres, los desplazamientos forzados y las afectaciones a las comunidades muestran que la violencia continúa teniendo graves consecuencias sobre la población civil, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto", ha destacado Indepaz en su informe '100 días: el costo humano de la violencia'.
Indepaz expresa además su preocupación por "la persistencia de las confrontaciones armadas, el uso de drones con explosivos y los riesgos asociados a las operaciones militares, especialmente cuando pueden encontrarse niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados".
"A esto se suman las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que deben ser investigadas de manera pronta, rigurosa e independiente", ha planteado.
El balance, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, recoge hechos ocurridos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.
La violencia contra líderes sociales se concentró principalmente en los departamentos del Cauca (suroeste), con once casos, y Antioquia (noroeste), con ocho, seguidos de Putumayo (sur), con cuatro.
El informe también contabiliza ocho firmantes del acuerdo de paz asesinados, todos hombres, a lo que hay que sumar 26 masacres que dejaron 87 víctimas mortales, entre ellas cinco menores de edad, y 6.667 personas desplazadas por la violencia durante agosto y septiembre.
La ONG subraya que estos crímenes no pueden atribuirse automáticamente a las decisiones del actual Gobierno, pues responden también a dinámicas territoriales y conflictos anteriores, aunque recuerda que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población y garantizar los derechos humanos.
Además, abogan por "el diálogo y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado son el mejor camino para poner fin a la violencia y evitar que se sigan perdiendo vidas humanas". "La respuesta militar, por sí sola, no resolverá las causas profundas de la violencia ni garantizará una paz duradera", ha remachado.