MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles que los ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos durante los meses de marzo y abril a El Salvador han sido objetivo de "tortura, abusos e incluso violencia sexual" en el marco de su encarcelamiento en el país.
En su informe 'Llegaron al infierno: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador", la organización, junto a la ONG Cristosal, ha alertado de que estos migrantes también han sufrido "desapariciones forzosas y otras violaciones graves de los Derechos Humanos".
El texto, que establece que 252 venezolanos llegaron a El Salvador en estas condiciones durante los citados meses, señala que fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador a pesar de los indicios sobre "graves violaciones en las prisiones salvadoreñas".
"Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no han sido incidentes aislados cometidos por solo algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos", ha advertido HRW.
Es por ello que considera que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido "cómplice de tortura, desaparición forzosa y otros abusos", al tiempo que ha exigido "terminar con las deportaciones a El Salvador y a cualquier otro país donde las personas corran el riesgo de ser torturadas".
"La Administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas", ha denunciado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Es cómplice de estos abusos (...) y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas", ha añadido.
PAGOS DE EEUU A EL SALVADOR
Según informaciones a las que ha tenido acceso la ONG, el Gobierno estadounidense proporcionó recientemente al menos 4,7 millones de dólares (4 millones de euros) a El Salvador para cubrir, entre otras cosas, los gastos de detención de estas personas. Algunos de los venezolanos enviados a El Salvador habían solicitado asilo en Estados Unidos tras huir de persecución en Venezuela, recalca el documento.
El informe señala que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían condenas penales y solo el 3 por ciento habían sido condenados en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento.
Familiares y abogados han defendido que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en tramitándose y a pesar de haber superado la evaluación de inicial, que les daba derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo ante un juez.
Sin embargo, los gobiernos de ambos países de han negado repetidamente a revelar información sobre el paradero o la suerte de estas personas, lo que supone una "desaparición forzosa", según el Derecho Internacional.
Algunos de los migrantes que han estado detenidos en estas instalaciones han asegurado que fueron "golpeados después de ser entrevistados por miembros del Comité Internacional de Cruz Roja", que visitó el CECOT en mayo. "Los guardias siguieron pegándome en el estómago y cuando traté de respirar comenzó a ahogarme con mi propia sangre", ha explicado uno de los migrantes.
"El Gobierno de Estados Unidos no ha estado vinculado a actos de tortura sistemática a esta escala desde Abu Ghraib y la red de prisiones clandestinas durante la guerra contra el terrorismo", ha recalcado Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. "Hacer desaparecer a personas a manos de un gobierno que las tortura va en contra de los principios que históricamente han hecho de Estados Unidos una nación de leyes", ha añadido.