Archivo - El presidente filipino, Rodrigo Duterte. - Chaiwat Subprasom/SOPA Images vi / DPA - Archivo
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Penal Internacional (TPI) da inicio este lunes a una audiencia en La Haya (Países Bajos) para determinar si se inicia un juicio formal contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte con motivo de los cargos en su contra por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su llamada 'guerra contra las drogas'.
La audiencia está programada para los días 23, 24, 26 y 27 de febrero, en los que "la Fiscalía, la Defensa y los representantes legales de las víctimas presentarán sus alegatos orales ante los jueces para exponer sus argumentos", según ha descrito el TPI en un comunicado en su página web.
"El propósito de la audiencia de confirmación de cargos es determinar si existen pruebas suficientes para establecer motivos sustanciales para creer que la persona cometió cada uno de los delitos imputados", explica en el texto el organismo, precisando que, de confirmarse uno o más cargos, una Sala de Primera Instancia llevará a cabo el juicio.
En el propio documento, la corte ha indicado que la Sala ha adoptado las recomendaciones médicas realizadas a la luz del examen médico de Duterte "para facilitar su participación en las diligencias previas al juicio". En esta línea, ha ordenado a la Secretaría del Tribunal que garantice el cumplimiento de las medidas y de los ajustes recomendados durante las audiencias, a su vez limitadas a cuatro días por semana con una jornada entre medias, así como a un máximo de tres horas de duración, con recesos cada hora.
"Duterte es sospechoso de los crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato, presuntamente cometidos en el territorio de la República de Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019 en el contexto de la campaña de 'guerra contra las drogas'", ha recordado el TPI sobre un proceso legal que incluye crímenes presuntamente cometidos tanto bajo su Presidencia como bajo su mandato como alcalde de Davao, en el sur del país.
El mandatario, que, de hecho, no acudirá a las diligencias preliminares bajo el argumento de sentirse "viejo, cansado y frágil", según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg, llegó a prometer en su día que mataría a 100.000 criminales y alimentaría con sus cuerpos a los peces de la bahía de Manila.
En este contexto, Amnistía Internacional ha celebrado lo que ha considerado "un paso significativo hacia la justicia para las víctimas y sobrevivientes de la mortífera llamada 'guerra contra las drogas' de su administración", según ha recordado este mismo lunes la secretaria general de la ONG, Agnès Callamard.
"La Sala de Cuestiones Preliminares del TPI debe ahora tomar rápidamente una decisión sobre la confirmación de los cargos de crímenes de lesa humanidad contra Duterte para que se pueda hacer justicia", ha subrayado la dirigente humanitaria, que ha instado al Gobierno filipino "a cooperar con la investigación en curso de la CPI sobre los crímenes cometidos en el país, incluso ejecutando con prontitud cualquier nueva orden de arresto emitida por el Tribunal".
Asimismo, ha subrayado que este proceso judicial "también recuerda a la comunidad internacional que nadie está por encima de la ley, sin importar la ferocidad de los ataques, las sanciones y las amenazas dirigidas al TPI por parte de algunos líderes mundiales", como ha sido el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Duterte fue entregado al TPI en marzo de 2025, precisamente, por las autoridades filipinas bajo el gobierno de Ferdinand Marcos Jr. --perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario--, que lo detuvieron en virtud de la orden de arresto emitida por la corte. Con todo, su detención y entrega es objeto de debate en el país, donde cuenta con una base de seguidores fieles, y su hija y sucesora en la Alcaldía de Davao, Sara Duterte, ha anunciado recientemente su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028.