MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo la expulsión de efectivos del Ejército en La Plata, en el departamento suroccidental de Huila, por parte de la comunidad local --presuntamente presionada por las disidencias de las FARC, según el propio Ejército--, y ha ofrecido casi 22.000 euros de recompensa a cambio de la identificación y entrega de los responsables.
"Cuando personas interrumpieron una misión constitucional, interrumpieron ese esfuerzo que está haciendo nuestra fuerza pública por recuperar el territorio, e inclusive los tuvieron retenidos contra su propia voluntad", ha declarado en un vídeo difundido por la cartera ministerial. "Sabemos que dentro de esas personas hay integrantes de esta estructura criminal", ha precisado, anunciando que "además del repudio", el Ministerio está emprendiendo acciones legales.
Asimismo, ha lamentado la actuación de la comunidad local y los ha invitado "a la reflexión". "Cuando le cierran las puertas a la fuerza pública, se las abren al crimen, a la violencia, al reclutamiento forzado, a la sangre, el dolor y la desigualdad, lágrimas en los territorios", ha aseverado.
Con todo, ha responsabilizado de estos actos, que ha descrito como "crímenes de lesa humanidad", a alias 'Popoche' y a alias 'Pinzas'. En este sentido, ha pedido a la población que denuncie y ha ofrecido una recompensa "de hasta 100 millones de pesos (21.800 euros) por identificar, individualizar y llevar a la justicia" los responsables.
"Además de criminales, son criminales cobardes", ha declarado, culpando a grupos como las disidencias de alias 'Mordisco' o alias 'Calarcá' de responder a los avances de las fuerzas de seguridad estatales "utilizando a la población como escudos humanos, utilizando a los niños, a las mujeres".
La intervención pública de Sánchez ha llegado después de que, durante la noche del sábado, el comandante de la Novena Brigada del Ejército, Henry Herrera, denunciase al "grupo armado organizado residual Hernando González Acosta, que está constriñendo a la población civil para impedir que el Ejército Nacional cumpla con su deber y misión constitucional".
"A la población civil se le nota su cansancio, su agotamiento, su tristeza. Su rabia por tener que hacer estos actos que atentan contra un campesino igual que ellos, solo que viste un uniforme y porta las armas de la República para defenderlos", ha manifestado, defendiendo a su vez que "los soldados de Colombia y de la Novena Brigada son respetuosos del Derecho Internacional humanitario y de los Derechos Humanos de la población civil", pero "se les impide la libre movilidad".
Herrera, que ha denunciado que se trata ya de la quinta ocasión en la que ocurre algo similar en La Plata, ha señalado asimismo "que, cuando el Ejército no está en el territorio, esos criminales los asesinan, los constriñen, les imponen horarios, les cobran dineros extorsivos", y ha hecho hincapié en que las fuerzas estatales seguirán persiguiendo a estas "estructuras criminales".